¿Justicia mediática o Fiscalía mediática?
Clint Eastwood.
En esas licencias de amplitud que hoy nos tomamos respecto a nuestros vocablos, escuchamos recurrentemente las quejas oficialistas por el “linchamiento mediático”. En síntesis, este se daría cuando los Medios adelantan la culpabilidad de un funcionario, antes de ser citado a los estrados judiciales para defenderse.Un caso típico de “justicia mediática” –tal como prefiero redefinir el concepto, por respeto a las víctimas concretas de linchamiento- fue el de la defenestración de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La presión de los padres de las víctimas de Cromagnon, amplificada por los medios generaron una situación política insostenible para el Jefe de Gobierno, que se manifestó en el voto de una legislatura que nunca se dedicó a fidelizar. Ibarra perdió el juicio político porque perdió a esa opinión pública que había sido siempre su gran aliada.
El caso de Amado Boudou es diferente. Se trata de una investigación periodística llevada a cabo principalmente por Hugo Alconada Mon de La Nación, sin la cual, la opinión pública no se hubiera enterado de lo que pasaba con la compra de Ciccone Calcográfica para, nada más y nada menos, imprimir el dinero argentino. En el caso de Ibarra, los Medios amplificaron el dolor y bronca de las víctimas, y forzaron una renuncia política (la Justicia liberó luego al Jefe de Gobierno de culpa y cargo). En el caso de Boudou, los Medios descubrieron un supuesto ilícito, nada más y nada menos que cometido por el vicepresidente de la nación con un nivel de desprolijidad sencillamente increíble.
La causa de Amado Boudou intentó ser dormida a partir de una movida judicial de último momento en el que se intentaba correr de la causa al Juez Lijo, quien ya había alertado“hacia arriba” que tarde o temprano citaría a declarar al vicepresidente. El intento fue desbaratado por la acción de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich quienes lo denunciaron en conferencia de prensa. A tal punto era la gravedad de la movida oficialista, que Jorge Lanata la dio por exitosa, y realizó un durísimo editorial en su programa sobre la politización de la justicia argentina y la impunidad. Es muy probable que el Juez Lijo se haya sentido respaldado/presionado por la corriente de opinión pública, y haya adelantado la citación de Boudou, sorprendiendo a todos (y muy en especial, a los operadores del Gobierno).
No se trata, entonces, de negar el poder de los Medios, ni denunciarlos en su influencia hegemónica. Más bien, el considerar la existencia de un muy imperfecto “mercado de la opinión pública”, en donde coexisten oligopolios de la administración del sentido (las corporaciones mediáticas, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los periodistas estrella), y por los intersticios que ellos dejan, se cuelan los agentes individuales de las redes sociales.
Y constatar una inquietante evidencia: es solo en el fin de ciclo de un gobierno cuando la Justicia en la Argentina tiene la capacidad para poner el foco sobre sus ilícitos. Sea por la debilidad del Gobierno para disciplinar a futuro a los jueces (aquí más que nunca se manifestaría el carácter lame duck de la Presidencia de Cristina Fernández), sea porque algunos de ellos se preparan para ser partes de la nueva constelación del poder oficial. Swing que sucede en todas las democracias, como lo ha analizado bien la ciencia política, pero que en nuestro país se destaca, como siempre, por su intensidad y violencia.
De todos modos, el efecto político de la citación de Boudou ni incluso su procesamiento podrían forzar su renuncia. El Gobierno seguramente perdería más si “entrega” al vicepresidente (ya que pondría en duda su proverbial capacidad para “gobernar”) que si lo hace en un acto de depuración, cuando ya la opinión pública, como siempre en épocas de vacas flacas, ha colocado su preocupación por la corrupción en el tope de las encuestas (solo después de la inseguridad y la inflación).
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