La verdad es la única realidad, sentenció hace dos milenios Aristóteles, con una frase en griego que popularizó Juan D. Perón. El modelo hace agua, se escucha decir ahora, cuando la gente se enfrenta a los límites del relato kirchnerista.
Comencemos por el trágico choque del tren en Once. El próximo viernes la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobará un durísimo informe -revelado anteayer por La Nacion- que prueba que TBA no hizo un adecuado mantenimiento de trenes y vías.
Si bien los cuatro auditores peronistas de la AGN resistieron ayer el intento del presidente del organismo, el radical Leandro Despouy, para aprobar sobre tablas el documento, en el organismo dan por descontado que, mañana, todos lo aprobarán. La contundencia de las 116 páginas con gravísimas observaciones técnicas y de las otras 250 hojas de anexos colocan a los titulares de TBA, los hermanos Cirigliano -los mismos que proveen los decodificadores digitales que regala el Poder Ejecutivo- en el centro de todas las sospechas.
Pero el documento desnuda no sólo la liviandad con la que se movió la empresa concesionaria, sino, también, las fallas de la Secretaría de Transporte a la hora de controlar la concesión. Se entiende que Ricardo Jaime no haya controlado a TBA, de la que habría recibido varios favores. Pero ¿por qué ni su sucesor, Juan Pablo Schiavi, ni tampoco el ministro de Planificación, Julio De Vido, tomaron las medidas necesarias para poner fin a tanto descalabro?
Tal vez, para descubrir la respuesta, haya que entender cuál fue el destino final de los 1925 millones de dólares en subsidios que le entregó el Estado a la empresa en los últimos diez años. Hace un año, el auditor Javier Fernández (PJ) solicitó que la AGN desembarcara en TBA para auditar esos subsidios. Esa iniciativa no prosperó, pero tal vez sólo así pueda llegarse al corazón del modelo kirchnerista.
Frente a tales irregularidades y desoídos llamados de atención de la AGN y la CNRT, el peritaje que ordenó hacer el juez Claudio Bonadío por las causas concretas de la tragedia y el tardío nombramiento de un interventor en la empresa puedan ser vistas como medidas menores. Servirán para hallar culpables penales, pero las autoridades seguirán sin asumir la responsabilidad política.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, intuyó que los subtes también pueden chocar y se negó a asumir la transferencia. Aunque, quizá, su oportunidad para anunciar esta decisión ayude al gobierno nacional a instalar este debate y distraiga de otros asuntos.
En las últimas semanas, los trabajadores chocaron contra un techo en las paritarias, a pesar de que los legisladores se dieron un aumento del ciento por ciento. Los grupos sociales descubrieron que el Gobierno les mintió cuando aseguró que no criminalizaría la protesta social. Los ambientalistas descubrieron que el Gobierno no es tan ambientalista. Y los pasajeros del Sarmiento supieron que en parte son culpables de viajar en tren porque, según dijo Cristina Kirchner, ahora se viaja porque hay más empleos adonde ir a trabajar.
Sólo falta que YPF descubra, de una vez por todas, que "su" realidad llegó al final del relato. Habrá reclamos judiciales y sentencias, pero el despertador suena ahora
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