Suboficiales de América del Sur

Intervención de YPF y rumores de emisión clandestina de billetes.

Hay una cuestión adicional que preocupa a los mercados en el escándalo denominado Boudougate. Se trata de la impresión de billetes de 100 pesos por un total de 600 millones. Pese a que todavía el BCRA no aprobó esta operación, funcionarios de la Casa de la Moneda ya enviaron a Ciccone Calcográfica partidas de papel importado, planchas y tinta que se utiliza para la fabricación de billetes. Hay indicios de que esta operación es un verdadero asunto de Estado y que no sólo cuenta con la mayor prioridad sino que, obviamente, antes serán desestimadas las ofertas de la casa de la moneda de Brasil o de la empresa Boldt, más bajas que la de Ciccone. Teniendo en cuenta la cultura oficial de falsificación de las estadísticas, cabe la posibilidad de que, mientras el fiscal Carlos Rívolo investiga las denuncias por tráfico de influencias y lavado de dinero contra Boudou y sus socios, ya se estén imprimiendo billetes a cuenta de un contrato aún no firmado. La posibilidad de una emisión clandestina de billetes, que sería inconcebible en circunstancias normales, es hoy una hipótesis más en este contexto plagado de irregularidades. El discurso clave del jueves
Pero una preocupación todavía mayor en los mercados es la posible intervención de Repsol-YPF. Algunos directivos de la empresa esperan que la presidente anuncie la medida el jueves, en ocasión del inicio de las sesiones legislativas. En Wall Street la acción de la compañía bajó el viernes un 5%, en una carrera descendente que ya tiene un mes de antigüedad. Extraña baja, porque el petróleo está a 107,89 debido a los problemas en el Medio Oriente, siendo YPF la única petrolera importante cuyas acciones bajan en Wall Street. Si se anuncia, esta medida puede ocasionar en la bolsa local un efecto similar al que tuvo la estatización de las AFJP, es decir, una brutal caída que acompañó la recesión del 2009. La verdad es que la situación económica actual no da para hacer desastres, pues la economía creció el año pasado, bien medida, el 7%, y en el bimestre enero-febrero bajó a sólo el 2%. Motivos no faltan: el cierre de importaciones y la caída del consumo están entre los más relevantes. Por ejemplo, los indicadores con los que trabaja en la Universidad de Tucumán el profesor Juan Manuel Jorrat señalan que Argentina entrará en recesión el segundo trimestre de este año.
En este cuadro de situación una novedad se produjo en el desastre de Once, ya que la familia de Lucas Menghini Rey se reunió con los amigos del joven en el teatro Margarita Xirgu para difundir un duro documento exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos y empresariales de la masacre de Plaza Miserere, sin olvidar un repudio a la ministra Nilda Garré. Ésta, ayer, en un comunicado, dio a entender que la culpa era de Lucas por viajar en un lugar clausurado del cuarto vagón, al cual la familia calificó de canallada.
Como decíamos en otras notas, cuando se reúnan los familiares de los 51 muertos y de los 700 heridos, desplazarían del primer plano a la Fraternidad y a los dirigentes de la izquierda revolucionaria, a su vez víctimas del espionaje oficial a través del Proyecto X. Esta reacción social que teme el gobierno podría contrarrestar las infamias de los Cirigliano, que por Radio Nacional difundieron un audio en el cual el motorman Marcos Córdoba no avisa al control que no podía frenar. El valor de este audio ya fue subestimado por fuentes judiciales. También está la versión difundida ayer por TBA diciendo que el control de alcoholemia de Córdoba dio 0,13, o sea negativo, pero según voceros de la empresa se lo hizo a las 11 de la mañana y si se lo hubiera practicado a las 7,49 podría haber dado positivo. Éstas son algunas de las maniobras desesperadas de TBA ante una posible rescisión de la concesión o una intervención. Depende de quién sea el interventor puede favorecer o no a los hermanos Cirigliano.
En Rosario, por su parte, CFK repitió, en definitiva, el libreto de Julio de Vido. Es decir, que hay que esperar la pericia judicial para determinar los responsables directos e indirectos y le exigió de paso al juez Claudio Bonadío que no tarde más de quince días.