Al Gobierno le dan mal las estadísticas educativas de una organización que reúne a las universidades y académicos más prestigiosos del mundo. Y quiere mejorar esa nota con un método propio. Cualquier coincidencia con el INDEC no es una casualidad (ver: Quieren cambiar la forma de medir la calidad educativa).
A la prueba PISA se someten casi todos los países. Es como un índice universal. Evalúa el rendimiento de los estudiantes de 15 años bajo el paraguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que a menudo trabaja junto a la ONU. En el último relevamiento, ninguna nación cayó tanto como la Argentina.
No mide exactamente cuánto saben los chicos sino qué habilidades tienen para enfrentar problemas.
Qué cosas deben manejar, cualquiera sea el lugar en que vivan.
Y además de saberes universales, toma en cuenta el contexto de cada uno.
En 2009, la Argentina ocupó el lugar 58 entre 65 naciones. Y hay otro dato tanto o más significativo: en 2000 estábamos primeros en la región , delante de México y Chile.
Hoy bajamos al séptimo puesto mientras Chile y México comparten el podio con Uruguay.
El Gobierno acaba de descubrir que “la comparación de los resultados de PISA es relativa y acotada, pues no se trata de una evaluación entre iguales en condiciones iguales”. En el mejor de los casos, este argumento podría servir con los países más desarrollados. Pero se cae cuando es contrastado con nuestros pares de América latina.
En lugar de imaginar un INDEC para la educación, habría que admitir que estamos ante un problema serio . No sólo en calidad: en las escuelas públicas los chicos que terminan el secundario son la mitad de los alumnos de las privadas.
Esto es desigualdad social. Presente y futura.
Y tampoco se arregla camuflando estadísticas.
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