Suboficiales de América del Sur

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• 30/09/14

Humo en una política antidrogas aplastada por la realidad cotidiana

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• Héctor Gambini

Hay una esquina donde los semáforos que dan a cada calle tienen las tres luces encendidas al mismo tiempo. Algunos conductores interpretan que está en rojo. Otros, en amarillo. La mayoría, en verde. Los más prudentes advierten a los pocos segundos que el semáforo no anda, y cruzan. Varios chocan. Así es la política antidrogas en la Argentina.

Rojo: El segundo párrafo del artículo 14 de la ley de drogas castiga con “un mes a dos años de prisión” a quien sea detenido con poca cantidad.

Cárcel al que tenga droga, no importa cuánta.

Amarillo: Ocho de cada diez causas abiertas en la justicia por ese párrafo se desestiman antes de llegar a juicio, pero rara vez (no llega a una de cada diez) se ordena la rehabilitación del adicto. Es decir, el Estado toma al adicto con la Policía y la Justicia, pero no con los médicos.

Verde: Hace 5 años la Corte declaró inconstitucional aquel párrafo del artículo 14 y dijo que tener droga para consumo personal no es delito. Se lo llamó “el fallo Arriola”, por el apellido de uno de los imputados, cinco personas mayores de edad que tenían tres cigarrillos de marihuana en los bolsillos, sin hacer ostentación ni afectar la salud pública. Entonces, la ley dice que es delito y la Policía sigue deteniendo, pero la Justicia dice que no, y sigue liberando, en una calesita absurda que genera un gasto millonario, equivalente a tres veces el presupuesto del programa nacional contra el sida.

Ni en Uruguay, ni en Chile ni en Brasil la tenencia de drogas para consumo personal está penalizada, pero pensar que cambiar un artículo que la Corte ya derogó de hecho es acabar con el problema en la Argentina resulta improvisado e inocuo, en un país donde la mayoría de los crímenes durante asaltos son cometidos por jóvenes marginales que salen a buscar 30 pesos fuera de sí, a todo o nada. Es lo que vale una dosis de paco en una villa del GBA. ¿Con qué cambio de párrafo va a ir el Estado a buscar a esos chicos? Y cuando los tenga, ¿dónde los va a poner? No hay camas para atender a los adictos ni políticas claras de prevención, y hay provincias enteras donde abundan los carteles con gigantografías de la cara del gobernador pero sin un solo toxicólogo, como Formosa.

Sin abundar en las organizaciones que lavan plata narco en barrios suntuosos y nunca caen, las cárceles federales encierran otro dato: el 54% de las mujeres presas lo está por ser “mulas” sin haber tenido antecedentes penales. En las fiscalías del GBA hablan de “economía sustituta”.