Iniciativas muy peligrosas

Ha trascendido que el Gobierno analizó la posibilidad de limitar la remisión al exterior de utilidades de empresas internacionales que operan en nuestro país. La alternativa, estudiada en el contexto de la política cambiaria para frenar la presión sobre el dólar, habría sido finalmente

desechada por resultar inviable y violatoria de convenios bilaterales. Sin embargo, como anticipó La Nacion en su edición de ayer, se habría resuelto tratar de persuadir a las compañías que se desempeñan en nuestro medio para que moderen o posterguen el giro de divisas al exterior.

Una prohibición del envío de utilidades hacia las casas matrices sería un paso sustancialmente más grave que los ya dados con las recientes medidas de intervención en el mercado de cambios. Lo ya hecho ha sido considerado por muchos como un anticipo de acciones más agresivas. De ahí que la restricción de remitir ganancias haya resultado creíble. Ninguna intervención del Estado es gratuita, dado que si bien puede beneficiar a unos, también perjudica a otros. Lo lamentable es cuando se pretende beneficiar al fisco o al estéril intento de preservar las reservas en desmedro de la inversión. Finalmente, sólo se logra lo segundo.

Incumpliendo acuerdos firmados y generando más inseguridad jurídica, ya se dispuso la obligación de liquidar localmente la totalidad de las divisas de exportación de compañías petroleras y mineras. Con anterioridad, sólo debían hacerlo con el 30%. También se ha obligado a las compañías de seguros a repatriar sus inversiones en el exterior.

En ambos casos, las calificadoras de riesgo debieron bajar la nota a la deuda de esas empresas, ya que se les ha incorporado el riesgo de conversión de moneda. Esto quiere decir que, en adelante, deberán pagar una mayor tasa de interés por sus préstamos y podría incluso ocurrirles que no obtengan financiamiento. En los años noventa se había levantado para todos los sectores la obligación de liquidar las divisas de exportación. Luego se limitó parcialmente a las industrias petrolera y minera, sectores clave a los cuales les resulta difícil obtener financiamiento externo si media el riesgo de conversión de moneda para hacerse de la divisa concertada en sus préstamos.

El intento de limitar la remisión de utilidades no debe extrañar, ya que teóricamente se podría evitar la salida de aproximadamente 4000 millones de dólares por año. Sin embargo, los efectos negativos serían suficientemente relevantes como para compensar con creces esa cifra. En primer lugar, sería necesario incumplir unilateralmente todos los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. La Argentina ha suscripto estos acuerdos con prácticamente todos los países de América, incluyendo los Estados Unidos, y con un número grande de naciones de otros continentes. Estos convenios tuvieron a su vez ratificación parlamentaria.

El incumplimiento provocaría reclamos judiciales de las empresas que invirtieron en el marco de esos acuerdos y que se verían defraudadas al no poder retribuir con utilidades lícitamente ganadas el capital invertido por sus casas matrices. El derecho de propiedad quedaría de esa forma vulnerado.

Actos como éstos serían del tipo de los que destruyen credibilidad y dejan una secuela de rechazo por muy largo tiempo. Las divisas que teóricamente pudieran retenerse en el país serían más que compensadas por la reducción subsiguiente de las inversiones directas y por la mayor salida de capitales como consecuencia de la creciente desconfianza.

El gobierno nacional parece no comprender que la construcción o la destrucción de la confianza es lo que gobierna el comportamiento de la gente y de los inversores. No es el nivel de reservas lo que ha detonado la persistente corrida contra el peso, sino la percepción de la gente de que las políticas aplicadas no son las idóneas para defender ese nivel. El discurso oficial parece ratificar diariamente que la ideología y el populismo impiden aplicar acciones racionales que serían no sólo beneficiosas para el futuro de la sociedad, sino también políticamente realizables por quien acaba de ganar las elecciones con el 54 por ciento de los votos válidos..