El pedido de un juez del listado de periodistas que escriben sobre inflación a siete diarios de circulación nacional sigue generando cuestionamientos y muestras de preocupación entre referentes de la oposición.
"El juez se extralimita y es funcional a las estrategias del Ejecutivo. Lo que se quiere es destruir al Indec. La película continúa con la censura y ahora con la sanción a las consultoras privadas y a los periodistas. Si esto sigue así cualquiera señora que salga del supermercado y diga que aumentaron los precios va a ser sancionada", planteó la diputada Silvana Giudici (UCR-Capital en declaraciones a radio Continental.
LA SOLICITUD
El juez en lo penal económico Alejandro Catania pidió a siete diarios un listado de los periodistas, con sus números telefónicos y direcciones, que hayan escrito sobre la inflación en los últimos seis años.
La medida forma parte de la causa iniciada por una denuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno , contra una consultora económica por divulgar datos estadísticos sobre la inflación que contradicen las cifras del Indec.
La inusual orden judicial, alcanza a los diarios LA NACION, Clarín, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12.
"CALLAR VOCES"
Giudici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, añadió: "La idea es que haya una predominancia de la voz del gobierno. El Gobierno cree que puede callar la voz de todos. Todos tenemos la posibilidad de decir lo que se nos cante a pesar de que a Guillermo Moreno y a la presidenta no les guste".
Además, insistió en que el exhorto judicial "es un intento de callar las voces para no hablar de la evolución de los precios" y planteó la contradicción de que el Gobierno rechacé los cálculos privados de inflación mientras pide colaboración al Fondo Monetario Internacional para revisar la metodología con la que el Estado mide los precios. "Este gobierno es el que le pidió ayuda al FMI para modificar el Indec", concluyó.
"ANTOJADIZO Y AMENAZANTE"
Por su parte, Ricardo Gil Lavedra planteó que el pedido judicial que se conoció ayer "tiene un carácter intimidatorio" y corresponde a un "Estado policíaco que trata de infundir el terror". Además, en declaraciones a radio 10, consideró que la medida "es una alerta respecto de lo que puede venir".
Desde el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari opinó que la causa iniciada por Moreno contra las consultoras, de la que deriva la solicitud del juez, "es bastante antojadiza" y que el pedido "es una especie de amenaza pública".
"La causa está yendo a un ritmo que no es habitual, eso sí es objetivo. No creo que el juez se haya cortado solo, de ninguna manera. Hay un clima de época", advirtió en declaraciones a radio Uno..
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