Suboficiales de América del Sur

Jueves 10 de septiembre de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Otra señal de alerta para la independencia judicial

El avance del proceso para destituir al juez Montezanti integra la estrategia del Gobierno para asegurarse impunidad y perseguir a quienes no comulgan con él

La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aconsejó la apertura del proceso de remoción del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que ahora tendrá que ser tratada por el plenario del cuerpo. La medida constituye otro hecho de llamativa gravedad institucional no sólo por la falta de elementos concretos contra el magistrado, sino también por la fundada sospecha de que, desde el partido gobernante, se busca desarticular a la justicia federal bahiense en momentos en que investiga maniobras con facturas "truchas" que podrían comprometer al pseudoempresario Lázaro Báez, vinculado en negocios con la familia Kirchner, y en que tramita politizadas causas por lesa humanidad.

Tal como lo ha reflejado recientemente el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado, la justicia federal de Bahía Blanca viene sufriendo desde mediados de este año un duro embate institucional. Éste comenzó con la remoción del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, desplazado por decisión de la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura, en un trámite que fue duramente cuestionado, ya que fue corrido por simple mayoría de votos, violando normas locales e internacionales que garantizan la estabilidad de los magistrados. Para ello fue clave el doble voto de la presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez, cuyo proceder viene siendo escandaloso: asumió en representación de los jueces y con la promesa de que no sería funcional al kirchnerismo y, sin embargo, no ha hecho otra cosa que ser el vehículo del Gobierno en la cristalización de sus deseos de avasallamiento de la Justicia por parte del poder político.

Martínez -quien antes de ser desplazado dispuso una serie de allanamientos en empresas sospechadas de haberle aportado a Báez facturas irregulares, en una causa por presunta asociación ilícita fiscal- fue subrogado en forma ilegal por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, perteneciente a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Claramente, haber forzado el ingreso de Ramos Padilla tiene para el Gobierno un doble propósito: en primer lugar, como se ha dicho, obstaculizar la investigación de los negocios entre Báez y el matrimonio Kirchner y, por otro, avanzar contra el empresario de medios Vicente Massot, en la forzada causa que se le sigue con el fin de vincularlo con violaciones de los derechos humanos.

Como parte de esa descarada estrategia, el 3 de agosto pasado, el juez Ramos Padilla imputó la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad a Montezanti, a cargo del tribunal de alzada. Así, la justicia federal de Bahía Blanca podría quedar virtualmente desarticulada, bajo la firme sospecha de que todo se está haciendo para que no avance una de las causas judiciales más sensibles a los intereses de la familia presidencial.

Los cargos esgrimidos contra Montezanti resultan a todas luces endebles. El juez Ramos Padilla indicó que los elementos en la causa se sustentan en la sospecha respecto de su vinculación con la Triple A y con su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenaza y tormentos de un militante de la Juventud Peronista que trabajaba en el hospital municipal de Bahía Blanca y que fue secuestrado en 1977 y llevado al Comando del V Cuerpo del Ejército. El denunciante testimonió que allí fue interrogado y que le hicieron firmar papeles a punta de pistola, al tiempo que reconoció a Montezanti, por entonces abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, como quien lo interrogaba. Entre los presuntos indicios en contra de Montezanti, se ha señalado que prestó servicios como personal civil de inteligencia del Ejército en una fecha bastante posterior al hecho denunciado, entre principios de 1981 y mediados de 1982.

Según el Colegio de Abogados porteño, en la vertiginosidad del irregular proceso contra el juez Montezanti se afectaron elementales garantías constitucionales del imputado, impidiéndosele su derecho de defensa en juicio y el del debido proceso, además de reiterarse acusaciones fundadas en procesos precluidos y se desconocieron sentencias favorables a él sobre cuestiones vinculadas con los cargos que se le formularon.

El magistrado acusado ha recordado, en declaraciones periodísticas, que en 2007 la Justicia dictaminó que él no fue partícipe de la Triple A, al investigarlo ante una querella que se le promovió oportunamente.

Frente a esta situación, corresponde reiterar que la búsqueda de la verdad sobre nuestro trágico pasado no puede dar lugar a persecuciones obstinadas ni con revanchismos ni venganzas bajo los cuales anidan razones ideológicas.

Cabe también advertir ante un riesgo igualmente grave: que se esgrima la supuesta defensa de los derechos humanos con el único propósito de asaltar los tribunales por impunidad a funcionarios y amigos del poder político..