Suboficiales de América del Sur

Jueves 03 de septiembre de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Depósitos judiciales: punto final para un atropello

La Justicia avaló la posición del Banco Ciudad y le reintegró la administración de los fondos de los litigantes en el ámbito porteño

a Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dictó recientemente una medida cautelar que puso fin a un atropello conocido en su momento como la ley Conti. Esta norma había privado, luego de 50 años, al Banco Ciudad de los depósitos judiciales de los litigantes de la ciudad en los fueros comercial, laboral y penal, los cuales fueron transferidos al Banco Nación. Como señaló LA NACION en su editorial del 10 de julio de 2012, esta ley constituyó "un manotazo", que sólo parecía entenderse en el contexto del absurdo enfrentamiento del gobierno nacional con las autoridades de la ciudad, y cuyo verdadero propósito no era otro que apropiarse de una nueva caja política y desfinanciar al gobierno porteño, por la vía del castigo a un banco centenario como es el Ciudad.

La iniciativa legislativa se planteó en julio de 2012, a pocos días del lanzamiento por parte del gobierno porteño de un novedoso plan de financiamiento para vivienda denominado Primera Casa BA. Esta línea crediticia, que resultó muy exitosa, preveía tasas de interés sensiblemente más bajas que las del mercado y apuntaba a que sus beneficiarios fueran seleccionados a partir de un sistema de scoring, confeccionado con intervención de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que ponderaría las necesidades socioeconómicas de los solicitantes.

La fuerte repercusión de este programa generó la atención del gobierno nacional y su respuesta fue restringir el fondeo al Banco Ciudad para así limitar el alcance de una política pública del gobierno local.

Solamente los diputados y senadores nacionales del Frente para la Victoria votaron esta ley. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Jorge Yoma, expresó su desacuerdo absoluto y se apartó del alineamiento de su bloque.

La norma violaba la autonomía porteña al quitar facultades y funciones ya delegadas por el Estado central a la ciudad de Buenos Aires con anterioridad a la consagración de la reforma de la Constitución nacional de 1994.

Como se recordará, dicha autonomía fue delimitada por la denominada ley Cafiero, que restringió las facultades locales en diversas cuestiones, entre ellas, los registros de propiedad y la Inspección General de Justicia, pero no contempló restricción alguna en materia de depósitos judiciales.

Al plantearse el trámite parlamentario, el Banco Ciudad consagraba más del 17,1% de su activo a las líneas hipotecarias, en contraste con el Banco Nación, que destinaba tan sólo el 6,9%.

Se señaló entonces que esta iniciativa legislativa iba a tener como efecto limitar aún más el acceso a la vivienda de los habitantes del área metropolitana. Tres años después, podemos comprobar que este pronóstico se cumplió. Desde el Banco Ciudad calculan que, entre el impacto del cepo cambiario y el endurecimiento de las condiciones financieras provocadas por la ley Conti, cerca de 24.000 familias se vieron privadas del crédito hipotecario de esa entidad financiera pública.

Hoy el Banco Nación, ocho veces y media más grande que el Banco Ciudad, redujo su incidencia en el segmento hipotecario al 5,5% de su activo. La inversión en títulos públicos, esto es, el financiamiento del propio Estado nacional, es por lejos el destino principal de los depósitos que recibe. En consecuencia, esta ley cuya vigencia hoy la Justicia modera sólo produjo un perjuicio para la gente.

Es de destacar la importancia de un Poder Judicial independiente que, una vez más, ha puesto fin a un exceso del poder político, como también es muy positivo que el Banco Ciudad haya anunciado, a raíz de esta novedad en su fondeo, el cambio de condiciones en sus líneas de créditos, con la idea de reducir las tasas de interés y extender los plazos para sus líneas de créditos hipotecarios.

En definitiva, cabe celebrar que, al menos por ahora, la Justicia haya puesto coto a un desafortunado episodio que ha mostrado los peores vicios de un sistema político donde el adversario es visto como un enemigo y donde la sociedad termina siendo rehén..