Lunes 25 de mayo de 2015 | Publicado en edición impresa
MUNICH.- No hay dudas de que Axel Kicillof y su principal promotor récord histórico. Paros generales de parte de sindicatos ultraperonistas contra un gobierno del mismo partido. ¿La causa? Entre otras, el altísimo nivel del impuesto al trabajo, que el ministro llama "a las altas ganancias", aunque alcance a los obreros. La movilidad social, desgraciadamente, no ha llegado a tanto. El Gobierno sostiene además un complicado y farragoso sistema de cálculo que hace todo el proceso no sólo más complejo sino también más injusto y gravoso.
No es un problema que enfrente sólo la Argentina, aunque probablemente allí el grado alcanzado, a diferencia de otros, sea superlativo. El joven economista Tim Harford, autor de El economista encubierto, acaba de publicar en The Guardian un artículo que parece inspirado en la Argentina. Sugiere que en materia de impuestos podría imaginarse a muchos políticos como cirujanos enfrentados a la necesidad de amputar una pierna a un paciente. Comenzarían por decirle que no hay que amputar, luego aprobarían una ley que prohíba las amputaciones. Luego culparían por el desastre generado a una cirugía previa y comenzarían a pasarle al paciente un rallador de queso por los dedos gordos de los pies. Suena parecido a Kicillof culpando a la tablita de Machinea, ¿verdad?
Pero como según Hardford se crean sistemas complicadísimos para tratar de mostrarse políticamente correctos, los resultados son peores, porque los contribuyentes, cambian sus conductas.
Por ejemplo, una madre reciente que quiere seguir trabajando podría decidir quedarse en casa si del alto costo de Ganancias no puede deducir el costoso cuidado profesional de su bebe. La madre no tiene la carrera que quiere y el recaudador no recauda. Todos pierden, dice Hardford. ¿Parecido al impuesto a los autos de "alta gama" de Kicillof que casi hizo desaparecer el mercado? No sólo no se recauda ese nuevo tributo, tampoco IVA, Ganancias, aranceles, patentamientos. Y el público y las empresas no tienen los vehículos que quieren y que frecuentemente no son de lujo sino más eficientes, menos contaminantes y más seguros para ocupantes y terceros. Todos pierden.
El gasto público debe ser financiado de algún modo. Y mejor que sea con impuestos que con deuda o emisión, que genera inflación. La pregunta clave de Hardford es cómo recaudar sin destruir la economía.
Hardford cita a Henrik Jacobsen Kleven, según quien la solución la encontraron los escandinavos. Suecia, Dinamarca y Noruega recaudan más en porcentaje del PBI que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Es porque tienen bases más amplias de recaudación y tasas más altas, además de menos exenciones, que crean menos "agujeros negros" por dónde eludir.
Pero Hardford desaconseja la ultraortodoxia de la recaudación y también la intromisión en la privacidad en nombre de la lucha asión. Aunque defiende sistemas donde evadir es muy difícil. Sostiene un argumento claramente político: para ampliar la base de recaudación hay que primero asegurarse que todo el mundo tenga empleo y derribar las barreras de acceso.
Cita que los gobiernos escandinavos subsidian la educación, el transporte, el cuidado de ancianos y niños. Todo lo cual hace que puedan trabajar personas que de otro modo se quedarían atrapados en sus casas. No trabajarían y no pagarían impuestos.
La lección para el gobierno de Cristina Kirchner y su ministro no puede ser otra que la altísima y récord presión impositiva está en fuerte disputa porque arrastra la economía. Por cierto, el peor de los impuestos es la inflación, pero seguramente Hardford no lo menciona porque como decía el futbolista "Ratón" Ayala en el famoso aviso de los botines Interminable: "En ?Uropa' no se consiguen".
En todo caso, la calidad y eficiencia del gasto público debería estar en el centro de la discusión. El Gobierno recauda como nunca y está en déficit. Se financia con deuda carísima. Chile, en cambio, colocó un nuevo bono a 15 años por unos 950 millones de euros y 440 millones de euros en la reapertura de un bono a 2025. La tasa fue del 2,02% para el nuevo bono y del 1,47% para la reapertura.
Claro que, según citó el diario chileno La Tercera, "la emisión contiene las nuevas cláusulas de reestructuración de deuda soberana (pari passu), que se han transformado en el nuevo estándar internacional para este tipo de emisiones. Las cláusulas son la respuesta del mercado al dictamen del juez de Nueva York Thomas Griesa en la disputa de los fondos que litigan contra la Argentina y su objetivo es facilitar el proceso de reestructuración de deuda en caso de no pago de un bono soberano, disminuyendo el poder de esos inversionistas"..
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