Los casos de Ciccone y Báez debilitan a Scioli, Massa y Macri y favorecen al FAU
Progresivamente, una fuerte tendencia preelectoral va tomando forma y afectando la relación de fuerzas entre los principales actores políticos. La resolución del Juez Federal Ariel Lijo citando a prestar declaración indagatoria a Amado Boudou para el 15 de julio tiene un significado político especial. No es usual que se oficialice una citación con seis semanas de anticipación, lo que garantiza en este caso un largo escenario de tensiones internas en el gobierno que sólo serán mitigadas por lo que dure la selección nacional en el Mundial de Brasil. La polarización política se cristaliza así entre el oficialismo abroquelado en defensa del vicepresidente -no le queda otra opción- y la fuerza política con más vocación de levantar las banderas contra la corrupción: el FAU, en sus distintas expresiones: Elisa Carrió, Julio Cobos, Ernesto Sanz, etc. La instalación de Boudou en el centro de la agenda política le resta protagonismo a Mauricio Macri, que sigue procesado en la causa de las escuchas ilegales y por tanto se sentiría incómodo con el tema de Boudou. Daniel Scioli también sufre lo suyo. Optó en principio por ignorar el caso Ciccone y ayer CFK lo castigó indirectamente desde Río Gallegos criticando a los que sonríen y le dicen que sí a todo el mundo. Es que Carlos Zannini habría presionado al gobernador para que se solidarizara con Boudou, con la idea de evitar lo que él intenta trabajosamente otra vez: diferenciarse del gobierno sin entrar en crisis con la presidente. Sin duda alguna, la corrupción como eje de la política nacional no favorece en nada la consolidación de la candidatura de Scioli, porque afecta a su idea maestra de “continuidad con cambios” y abona la tesis de la ruptura con la década ganada.
Este clima propicio para el FAU se advierte también en los crecientes problemas que experimenta Sergio Massa. No sólo como ex miembro de la anterior presidencia de CFK está aparentemente inhibido de lanzarse contra la corrupción oficial sino que acaba de darse un giro estratégico que lo perjudicaría. El acuerdo alcanzado por Axel Kicillof con el Club de París sigue el modelo del arreglo con Repsol, es decir, altos costos y participación casi nula del Congreso, que deberá aprobar un hecho consumado. Pero sin duda que la operación le permitirá al gobierno salir parcialmente del ahogo financiero tomando crédito externo. En términos electorales, esto significaría mayor liquidez financiera del oficialismo para la larga campaña presidencial que se avecina. Y traducido a lo concreto, le daría al cristinismo mayores facilidades para recuperar el apoyo de no pocos intendentes y legisladores que emigraron hacia las filas del Frente Renovador, en parte convencidos de que el gobierno había ingresado en un callejón financiero sin salida. Un Frente para la Victoria con mayor liquidez en la Provincia de Buenos Aires puede achicarle la cancha a Massa en el campo de la dirigencia, y esto influiría en lo que hace a los votos cautivos que en el segundo cordón del conurbano siguen siendo mayoría.
Un semestre que será intenso
Volviendo a la fecha de la declaratoria de Boudou, la misma marca también emblemáticamente el comienzo de un segundo semestre en el que pueden también tomar vuelo las causas por las cuales se investiga a Lázaro Báez y al segundo de Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi. Sin embargo, sería un error presumir que el acorralamiento judicial del gobierno le haría perder votos. Es que ya los viene perdiendo desde hace dos años, con el ajuste y los diversos escándalos que llevaron la imagen positiva de la presidente por debajo del 30%. Los votantes que le restan al cristinismo ya no se inmutan porque la corrupción oficial salga a la luz. El problema, para la presidente y su círculo áulico, se da en otros términos. Si se instala en la opinión pública la idea difusa de una futura CONADEP de la corrupción, el cristinismo saldría del poder condenado a transitar largamente por los pasillos de Comodoro PY, porque cualquiera sea el presidente que asuma -incluidos Macri y Scioli- le resultaría imposible ignorar la demanda social de se revise judicialmente la década K. El gran costo del caso Boudou, como el de Báez, es justamente que ambos van destruyendo las condiciones para cualquier pacto de impunidad. Una jueza de El Salvador ordenó hace tres semanas la captura del ex presidente Francisco Flores, acusado de corrupción y presumiblemente fuera del país luego de que no se presentara a una audiencia en la que debía notificarse de los cargos en su contra. En Ecuador, ayer el ex presidente Jamil Mahuad (1998-2000) ha sido condenado ‘in absentia’ a doce años de cárcel por delito de malversación de dinero público, a través de una sentencia emitida por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Ximena Vintimilla. En Brasil, a días de comenzar el Mundial, se multiplican las denuncias y los procesamientos de funcionarios por denuncias de corrupción. Con las excepciones de Chile y Uruguay, una ola de escándalos políticos por corrupción está empezando a recorrer América Latina, en una coincidencia desafortunada para el fin de ciclo del kirchnerismo.
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