- Clarin.com
- Opinión
- 01/06/14
La cobertura al vicepresidente puede exceder la política
Del editor al lector
Hay una buena noticia: la citación a indagatoria del vicepresidente demuestra que la Justicia puede sentarlo en el banquillo sin peligro institucional. Hay otra buena noticia: se puede y debe investigar –y en el caso de encontrarlos culpables, castigar– la presunta corrupción de sus funcionarios, no importa su rango, demostrando que los anticuerpos del sistema democrático funcionan bien cuando se los utiliza por encima de las presiones y hay jueces, como en este caso, dispuestos a cumplir con la ley y con su misión.
Las buenas noticias sobre el funcionamiento del sistema son, en cambio, muy malas para el oficialismo más ensimismado. La estrategia de la antinomia convierte a todo lo que no encaja en esa mirada estrecha en un acto conspirativo que subordina el funcionamiento de los poderes a las necesidades políticas de la facción. La conclusión de esa política es que el fin justifica los medios, colonizando los valores y derechos a la consecución de objetivos o convirtiendo los presuntos desvíos o delitos en cuestiones que no se pueden erradicar de la cultura política, sea cual fuera quien ejerza el poder.
La corrupción, que ha sido para muchos militantes actuales del oficialismo motivo de luchas e investigaciones admirables en otras épocas y gobiernos, ahora es justificada con el pragmático argumento de que la práctica está tan extendida –aquí y en todo el mundo– que no puede erradicarse. Peor aún: se dice que, en todo caso, hay que fijarse en los resultados de la política en desarrollo. Si ésta ayuda al país y a los ciudadanos, no hay que fijarse en el bolsillo abultado del funcionario.
Es bueno que de una vez por todas tomen conciencia de que, más allá de los discutibles resultados de esas políticas, que encierran más fracasos que los éxitos proclamados, la corrupción es uno de los actos más corrosivos de la credibilidad del sistema democrático.
Amado Boudou deberá el 15 de julio comenzar a rendir cuenta de sus actos. El juez cree que participó de un plan para quedarse con una fábrica de billetes. Es decir que como funcionario –era ministro de Economía– conspiró con sus amigos para apoderarse de una imprenta sofisticada, haciendo levantar una quiebra, echando a quienes la explotaban y obligando a sus dueños a vender la mayoría a una compañía que manejaba uno de sus íntimos amigos. En el camino, según denuncias, hubo aprietes, amenazas de muerte y de otro tipo.
No lo dice la oposición ni los medios independientes, que fueron publicando paso a paso el caso Boudou. Lo dijo el juez Ariel Lijo en la cédula citándolo a declarar.
Boudou ha sido protegido. La expropiación de Ciccone es uno de los epítomes de esa cobertura. Ya se sabe quién lo ha protegido. Todavía falta saber por qué.
Quizá Néstor Kirchner se llevó algún secreto compartido.
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