Hebe de Bonafini: Ahora le dan 325 millones; esto es lo que logra la estatización
Las organizaciones de las Madres de Plaza de Mayo son un barril sin fondo. Por eso el gobierno pretende, con un proyecto de ley, estatizar la Universidad de las Madres, circunstancia ésta que representa muchos millones de pesos. Se estima en 325 millones , ya que, al decir 200 millones no se computan los juicios que son el resto, pero además blanquear todo el dinero utilizado con otros fines, que no son precisamente la educación, Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que manda acumular esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación pasa de ser damnificada a ser imputada. En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos. Por eso no es cierto que todo vuelve a foja cero. Ahora debería actuar el juez, pero el gobierno la tapa y pretende que quede en la nada. Desde que resolvió la cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista. Y además, este contrato fue rescindido por el propio gobierno por esas irregularidades. Y ahora resulta que el juez tiene la causa semi, ya que tomó algunas medidas para mostrar actividad, pero sigue planchada. ¿No será para que prescriba?
El gobierno le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora pretenden estatizar la deuda de la fundación, que son 325 millones. Por eso yo digo: ¿cómo no va aplaudir si el pago que recibe es constante y muy grande pero lo más grande son los ilícitos que cometieron con los sueños de mucha gente en la vivienda propia?
En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron los pagos. Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Micheli. En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del programa $ 1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades. Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y su hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales. Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11, que hoy tiene paralizada -y que hoy se deberá activar- el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale, por “Violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”. Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”. En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”. La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”. Señala también que las referidas planchas salen de una fábrica que funcionaba en el barrio porteño de Barracas con maquinarias adquiridas en 2 millones de euros. En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad. También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones:
- Mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas; * Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos;* Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones;* Desprolijidades en la ejecución de la mampostería;
- Humedades con salitre;
- Revoques con ondulacionesexcesivas.
- “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.
- “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
- “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.
Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.
Schoklender además dijo ante el juez, el 21 de diciembre pasado, que Felisa Miceli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo. Todos sabemos cómo actúa el Juez Oyarbide, pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar de que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida. Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público. La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y, por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se les realizan a los Schoklender y a los 44 imputados, sino que faltan los funcionarios públicos. Por eso este fallo de la cámara pone las cosas en claro y apunta adonde debe ir, es decir, investigar por qué se pagó y no se construyó. Además, por qué se pagaron sobreprecios.
Todo esto ya lo tiene el juez al que se le derivó la causa. Pero además, tiene la causa principal y sigue inmovilizada. También es importante que investigue a la empresa Meldorek S.A. y Antártida Argentina S.A., que tienen relación con empresas uruguayas, una de ellas PPB Bursátil, que es la que intervino el “PP español fondos de corrupción”. El juez uruguayo Valenti habría detectado estas circunstancia y, además, que esas empresas están constituidas por la escribana que es la actual esposa del renunciado Moreno y con la compra de Ciccone. Y si todo esto fuera poco, ahora les van a regalar 325 millones que debe la fundación y lamentablemente lo vamos a pagar todos. Como así también estatizar la universidad, que representa muchos millones de pesos, que se lograría mediante el proyecto de ley que ya fue aprobado por el senado restando diputados y es ley. ¡Cuánta plata se utiliza para caja política y corrupción!
Abogado
Tel: 4962-1858
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