Ciccone: Como sería la maniobra para apartar a Lijo de la causa
El 17 de este mes, la Cámara de Casación rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Amado Boudou, quien había llegado hasta el máximo tribunal penal del país para intentar quedar fuera de la investigación del Caso Ciccone.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó el planteo presentado por el vicepresidente y la justicia lo seguirá investigando como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica. De esta manera, Boudou quedó a un paso de la declaración indagatoria. Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani no hicieron lugar al pedido de sobreseimiento de Boudou quien había llegado a Casación para que se analizara la figura de la “excepción por falta de acción”. El fallo fue dividido. Gemignani y Hornos votaron en contra del pedido de Boudou. Borinsky se pronunció a favor de anular el fallo de la Sala I de la Cámara Federal. Boudou había llegado hasta el máximo tribunal penal para intentar quedar fuera de la investigación
En su voto, el juez Gemignani criticó con dureza la actuación del fiscal de Casación Javier De Luca, quien había dictaminado -no por el sobreseimiento- pero en consonancia con algunas de las posturas de la defensa de Boudou. El mismo juez hizo alguna referencia crítica al modo en que los defensores del vicepresidente hicieron su trabajo en la causa. En base a la figura de “excepción por falta de acción”, un imputado reclama que se lo sobresea porque considera que en la investigación no se ha demostrado el delito por que se abrió el expediente. El juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la investigación, había rechazado ese recurso. Lo mismo había hecho la Sala I de la Cámara Federal. Por esos dos rechazos anteriores Boudou llegó con su apelación hasta la Casación. Allí obtuvo una opinión favorable del fiscal de Casación Javier de Luca, que, si bien no pidió el sobreseimiento, acercó sus argumentos a los deseos de Boudou. La Casación resolvió en contra de lo que había dictaminado De Luca.
La situación judicial de Boudou estuvo complicada desde que en 2012 comenzó la investigación. Pero se agravó desde que integrantes del clan Ciccone atestiguaron ante Lijo que el vicepresidente, cuando era ministro de Economía, participó de reuniones en las que indicó que su socio José María Núñez Carmona era el interlocutor elegido para la compra de parte del paquete accionario de la fábrica de hacer billetes. Boudou, niega la existencia de las reuniones y pidió la nulidad de esas declaraciones En el 2010 cuando se produjo la llegada del misterioso fondo The Old Fund a la empresa Ciccone, Boudou era ministro de Economía. De ese ministerio depende -y dependía por entonces- la Casa de Moneda, que luego de la incursión de The Old Fund, iba a contratar a la nueva Ciccone -con los allegados a Boudou dentro de la compañía- para imprimir billetes de 100 pesos. Ese hecho, constituye para Lijo la base de la imputación contra el vicepresidente. El fiscal del caso Jorge Di Lello, había pedido la indagatoria de Boudou porque considera que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Y también determinó que los Ciccone -y otros allegados al vice- participaron de la maniobra.
Así las cosas y ante la inminencia de una citación de Lijo para que prestara declaración indagatoria, Boudou estuvo la semana pasada en el ojo de la tormenta y en el seno del gobierno hubo más de una opinión acerca de que debería tomarse licencia, mientras sectores de la oposición reclamaban directamente su renuncia. A partir de esta nueva instancia de crisis, se le adjudica a la defensa del vice, encabezada por Darío Richarte y Diego Pirota, el armado de una nueva maniobra dilatoria para evitar el explosivo llamado a una indagatoria, que podría desencadenar una situación limite para su cliente. El nuevo operativo que estaría por ponerse en marcha sería procurar que la Cámara Federal de Apelaciones desplace a Lijo de la causa, remitiéndosela a otro juez federal. Un relevo de este tipo conllevaría una importante demora en la tramitación del caso con el objetivo de ganar todo el segundo semestre del año. De ser así, se llegaría a la etapa electoral y Boudou podría defenderse argumentando que la persecución judicial en su contra sería una maniobra electoral para perjudicar al gobierno. Ayer, las diputadas nacionales de Unión PRO, Laura Alonso y Patricia Bullrich, advirtieron que existe una “operación en marcha” para apartar al juez Ariel Lijo de la causa que investiga la venta de la imprenta Ciccone “Quieren hacer del juez Lijo un nuevo (José María) Campagnoli”, resaltaron las legisladoras.
Utilizar el precedente de Bonadío
En fuentes tribunalicias se especula ahora con los planteos que podría formular la defensa de Boudou ante la Cámara Federal para conseguir que Lijo sea apartado de la causa. Un tema tendría relación con un difundido entredicho entre el fiscal Di Lello y el juez Planteo aquel que dos testigos que complicaron a Boudou en la causa Ciccone son imputados en el expediente. Uno de los socios fundadores de la imprenta, Nicolás Taddeo Ciccone -quien declaró como testigo- “resulta imputado en la presente causa, ya que la calidad de imputado se adquiere en el proceso penal con la sola indicación de que una persona ha sido, de cualquier forma, ‘partícipe’ de un hecho delictuoso”, habría opinado Di LelloLa secuencia indica que el 3 de diciembre, antes de que declarara Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, y en simultáneo con la presentación del abogado de Boudou, Di Lello aportó al expediente un escrito que “giraba en torno a proteger los derechos de aquellas personas citadas por el tribunal, quienes en alguna medida resultaban imputados en la causa y dejando al elevado criterio de Su Señoría la decisión en consecuencia”. Traducido: se les iba a tomar declaración como testigos a personas que están acusadas, algo que no se puede hacer. Siempre según las mismas fuentes, se habría producido una curiosa situación: el escrito de Di Lello a Lijo planteando que no debía tomársele declaración como testigos a dos imputados no apareció agregado al expediente. Y, lo que es más grave, Lijo consideró que el escrito no estaba debidamente fundamentado y no lo agregó al expediente, rechazándolo, lo que configuraría una situación al menos irregular.
La otra cuestión que ahora podría usarse contra Lijo sería lo ocurrido en la audiencia testimonial del pasado 5 de diciembre Nicolás Ciccone, el ex dueño de la gráfica que luego se vendió a The Old Fund, operación en la que se sospecha que Boudou tomó intervención, denunció amenazas y al igual que hizo el testigo Guillermo Reinwick le pidió al juez que no estuvieran presentes en la audiencia los abogados de Boudou, lo que fue concedido por Lijo. La fundamentación no pudo ser más insólita: “Atento a que parte de mi familia directa, mis hijas, Reinwick y mis nietos han sido blanco de distintos actos amenazantes en relación a los hechos que se investigan”, dijo Ciccone en el escrito pidiendo la no presencia de los abogados defensores. La aceptación por parte de Lijo de semejante planteo lo habría colocado en una postura difícil de justificar, ya que no se entiende que amenazas podrían significar la presencia de los abogados defensores en una sala de audiencias de un Juzgado Federal. Por otra parte, esta concesión al planteo fue una implícita aceptación de que su juzgado no estaba en condiciones de garantizar la seguridad de los testigos en el mismo edificio de Comodoro Py.
Estos hechos, a los que sumarían otros, abonarían tal vez una presentación de la defensa de Boudou a la Cámara Federal pidiéndole que Lijo sea apartado de la causa dada su parcialidad manifestada en los hechos aludidos. Algunos de los que están propiciando la maniobra se entusiasman con un antecedente reciente. El 22 de este mes, la Cámara Federal apartó al juez Claudio Bonadío de la causa en la que procesó y envió a juicio oral al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por abuso de autoridad, al multar a consultoras privadas que medían el índice de inflación paralelo al que realiza el INDEC. Fuentes judiciales informaron que la Sala II del Tribunal consideró que Bonadío incurrió en “vicios” en el tratamiento de dos planteos que hizo la defensa de Moreno contra decisiones que el juez había tomado. Moreno ya había sido enviado a juicio oral y público por el juez Bonadío por abuso de autoridad al imponer una multa de 500 mil pesos a la consultora “Finsoport S.A.”, del economista Jorge Todesca, cuyos índices arrojaban el doble de porcentaje al que medía el INDEC.
El apartamiento de Bonadío del caso Moreno podría ser usado ahora como el precedente adecuado para que se adopte la misma decisión con Lijo en el caso Ciccone. Al menos, esta sería el plan A que tendría en carpeta la defensa del vicepresidente.
Carlos Tórtora
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