Las restricciones cambiarias y el intervencionismo estatal para intentar contener la suba del dólar y la salida de capitales siguen sin darle al Gobierno los resultados esperados. Desde la instrumentación de las medidas en el mercado de cambios, a partir del 31 de octubre, el Banco Central viene cediendo reservas a razón de casi cien millones de dólares por día; la cotización del dólar marginal superó ayer la barrera psicológica de los cinco pesos y las autoridades nacionales están perdiendo la batalla contra el único adversario que deberían tener presente: la desconfianza.
Pese a que el balance de la flamante política cambiaria dista de ser positivo, allegados a la presidenta Cristina Kirchner no se inquietan demasiado. Destacan lo "valorable" de que el Gobierno no ceda la iniciativa ante lo que se busca identificar como "presiones devaluacionistas de grupos concentrados de la economía". En otras palabras, se podrán seguir perdiendo reservas, pero nunca la iniciativa.
Desde la sociología, aunque sin ocultar su conocida fe kirchnerista, el consultor Artemio López aportó ayer, durante una charla en la Universidad de Belgrano, un dato que podría ser clave para explicar el quijotesco empecinamiento oficial para tratar de impedir que el dólar oficial se dispare. Según sus propios datos estadísticos, hay en la Argentina un 20 por ciento de pobres en función de un ingreso que no alcanza para cubrir la canasta familiar. Pero también hay un 10 por ciento de la sociedad cuyo ingreso familiar va de los 2000 a los 4000 pesos mensuales que podría caer fácilmente en situación de pobreza si se produjera una devaluación más fuerte de nuestra moneda que se trasladara a los precios.
Toda la inventiva gubernamental va en una sola dirección: recurrir a lo que sea para trabar la compra de dólares y su salida del circuito, al menos hasta que, hacia abril, comiencen a ingresar los dólares provenientes de la cosecha gruesa. Parece una eternidad, sin embargo.
La inventiva oficial no parece tener límites, pero la aplicación de esos engendros sí. En las dos últimas semanas, funcionarios del Gobierno se rompieron la cabeza para tratar de imponer restricciones al giro de utilidades al exterior por parte de las empresas transnacionales que operan en el país. Pero llegaron a la conclusión de que eso no era factible. En primer lugar, porque la Argentina ha firmado acuerdos bilaterales que protegen la práctica de enviar utilidades al exterior con casi todos los países cuyas compañías han hecho inversiones de importancia aquí. En segundo término, porque el FMI prohíbe expresamente poner obstáculos a aquella modalidad.
Como avanzar en una medida restrictiva semejante provocaría serios conflictos diplomáticos y una fuga de inversores, en el Gobierno se habría llegado a la conclusión de que la única alternativa sería persuadir, una por una, a las principales empresas extranjeras en el país de que moderen sus giros al exterior o los practiquen de una manera gradual. Una metodología de estirpe netamente moreniana.
El Gobierno trata de reducir el problema de la desconfianza a encontrar fórmulas para pasar el verano. Las limitaciones vienen por el lado de los números, y en especial los de las reservas del Banco Central. De acuerdo con los estudios del economista Rodolfo Rossi, las reservas de libre disponibilidad no superan hoy los 33.000 millones de dólares. Si se relaciona esa suma con el total de pesos que circulan en la economía o se hallan en depósitos bancarios de corto plazo, nuestra moneda sólo tendría un respaldo de reservas del 47,9%, cuando cuatro años atrás era del 94 por ciento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario