El titular de la ANSeS, Diego Bossio, le dijo el miércoles a los miembros de la Corte Suprema que no alcanzan los fondos del organismo para extender los propios fallos de la Corte, como Badaro y Eliff, a todos los jubilados, hayan hecho o no juicio, como pidió la Defensoría del Pueblo.
Según Bossio, cumplir con la Justicia y reajustar los haberestendría un costo de $ 37.000 millones por año. Y otros $ 71.000 millones en pagos por la retroactividad.
Sin embargo, mientras el Gobierno dice que no hay plata, en Tribunales sostienen que el Presupuesto nacional es muy abultado y el problema es cómo se gasta.
También es muy alto el presupuesto de la ANSeS con distorsiones en las prioridades del gasto. En tanto, el Fondo de Sustentabilidad que maneja la ANSeS, basado en el dinero que tenían las AFJP, suma hoy más $ 180.000 millones.
Sergio Bobrovsky, uno de los abogados que denunció a la ANSeS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, le dijo a Clarín que “así presentados, los números de Bossio suenan impresionantes. Pero se podrían presentar de otra manera. Por ejemplo, se podrían ir reajustando hacia adelante los haberes, aliviando la situación inmediata de los jubilados, cortando de cuajo la litigiosidad, y hacer un plan serio para ir cancelando la retroactividad” .
Ese reajuste anual de los haberes es tan solo el 6% del Presupuesto Nacionalque suma más de $ 500.000 millones. Además, en el Presupuesto 2011, se prevén exenciones impositivas por $ 34.016 millones. Y se podrían recuperar $ 18.000 millones mediante la suba de las contribuciones patronales de las grandes empresas, para volverlas al nivel anterior a la rebaja que les dio Domingo Cavallo en la gestión de Carlos Menem.
Por su parte, la ANSeS tiene presupuestados más de $ 160.000 millones para 2011.
Unos $ 50.000 millones corresponden a gastos y prestaciones que deberían tener ingresos y financiamiento propios en lugar de utilizar los fondos del sistema jubilatorio. Por ejemplo, la ANSeS cubre los déficits de las Cajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y otros gastos.
Un caso especial es la asignación universal por hijo -que suma $ 10.000 millones anuales - y que el Gobierno -sin poner en discusión su financiamiento- aprobó que se pague con los intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS.
Lo mismo pasa con el plan de computadoras para los escolares, que suma más de $ 2.000 millones.
En ambos casos, la mayoría de los especialistas considera que esos beneficios deben mantenerse y ser aumentados, pero no deben ser pagados por el sistema previsional sino con impuestos a la renta financiera.
Aún así, en estos 6 meses, la ANSeS tuvo un superávit de $ 9.000 millones luego de pagar las jubilaciones. Esos fondos financian parte del déficit del Tesoro. Caro está, si la ANSeS reajustara las jubilaciones no podría cubrir ese rojo y así quedaría a la vista el maquillaje fiscal que tienen las finanzas públicas que el Gobierno presenta como superavitarias. De todas manera, al no reajustar los haberes como lo dispuso la Corte, con los nuevos juicios, sigue agrandándose la deuda del Estado con los jubilado s, sumado a las retroactividades e intereses. Este año ingresaron en la Justicia 47.308 nuevas demandas.
En promedio, las sentencias que hoy está pagando la ANSeS suman $ 150.000. Como hay 450.000 juicios el pasivo de la ANSeS es enorme. Y sigue aumentando por los intereses y los nuevos juicios en la medida que no se aplique la doctrina de la Corte.
Hoy la ANSeS paga unos $ 2.400 millones anuales por el equivalente a 20.000 juicios, de los cuales un 30% no va los jubilados sino a los abogados.
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