Suboficiales de América del Sur

Salvar a Freiler, a costa de hundir la Justicia

El kirchnerismo protege a un camarista que no puede justificar su exponencial enriquecimiento porque le resulta funcional

VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017

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Se equivocan quienes reducen el fracasado intento de desplazar al juez de la Cámara de Casación, Eduardo Freiler, a una mera pugna política en el Consejo de la Magistratura en la que momentáneamente ha triunfado el kirchnerismo y ha sido derrotado el oficialismo. La gran derrotada ha sido la Justicia, y con ella la sociedad, que aún debe tolerar que en la Cámara Federal porteña siga desempeñándose alguien tan indigno de la magistratura.

Mientras que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó por una holgada mayoría de siete votos contra dos el dictamen en contra de Freiler por su exponencial e injustificado incremento patrimonial, aún se necesita un voto en el plenario del Consejo para proceder a la suspensión del magistrado. El oficialismo cuenta con ocho votos, pero le falta uno. Había confiado en obtener el de Jorge Candis, consejero kirchnerista que representa al sector académico, pero éste frustró esa posibilidad al pronunciarse en contra de la acusación.

Por supuesto que en esta situación existe un fuerte componente político, pues Freiler ha dado sobradas pruebas de ser más que afín al kirchnerismo. Sin ir más lejos, como integrante de la Sala I de la Cámara Federal, resolvió en casos muy sensibles para ese sector político, y generalmente lo hizo en favor del anterior gobierno. Así, prestó su firma para liquidar arbitrariamente en el fuero federal el caso de coimas y sobreprecios en los gasoductos, o caso Skanska, que se había convertido en un serio escollo para el oficialismo de entonces. Posteriormente, la causa se reabrió y ahora suma nuevos elementos a partir de las confesiones en Brasil de los directivos de la firma Odebrecht.

No puede decirse que ahora el kirchnerismo devuelva fidelidad con fidelidad. Se trata de una mutua conveniencia que desnuda lo lejos que queda la Justicia en esta discusión. Más que un juez, Freiler es un operador, y además carga sobre sus espaldas una fuerte acusación de enriquecimiento ilícito en una causa en la que fue escandalosamente beneficiado por sus pares.

Como destacamos en más de una oportunidad en esta columna, el camarista no ha podido justificar su enriquecimiento, que incluye caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar, una flota de automóviles de colección y un yate, además del 50% de un balneario en Necochea. Buena parte de esos bienes la adquirió entre 2012 y 2015 con su sueldo de camarista. También es propietario de una financiera en sociedad con Carla Lago, ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo. En los tribunales federales se considera a Alfredo Lijo el principal gestor judicial del ex ministro Julio De Vido.

En la causa por enriquecimiento ilícito intervino el fiscal Ramiro González, integrante de la cátedra de Freiler. Sin ordenar peritajes ni medidas de prueba, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó. Le bastaron los dichos del investigado. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria en la misma sala de la Cámara Federal de Freiler. Tanto su marido como el fiscal González tendrían que haberse excusado si hubieran tenido un mínimo decoro.

Similar arbitrariedad es la que pudo verificarse en el Consejo de la Magistratura durante la semana que concluye, con el agravante de que estaba en juego no la posibilidad sino la necesidad imperiosa de desplazar a un magistrado que hasta el momento -y pese al paso del tiempo- sigue sin explicar cómo adquirió sus cuantiosos bienes. "No puede justificar su patrimonio de ninguna manera. Queremos iniciarle juicio político porque es un juez corrupto", expresó el consejero oficialista Pablo Tonelli.

De eso se trata: un corrupto no puede ser juez. Un juez corrupto está a merced de los designios que le impongan quienes, como el kirchnerismo, lo protegen para usarlo en su provecho. Un juez corrupto es una especie de mercenario que denigra el ejercicio de la justicia. Un juez cuya corrupción se ha vuelto un asunto público no sólo envilece la magistratura, sino también a quienes se resisten a juzgarlo. La justicia federal no puede asemejarse a una mafia con lealtades basadas en la complicidad y con ramificaciones en el Consejo de la Magistratura.

Antes de conocerse la actitud que adoptaría el consejero Candis, el oficialismo confiaba en contar con su voto. Puede que las conjeturas previas fueran erróneas o que Candis haya cambiado abruptamente de opinión. No importa. Lo que sí importa es que el caso de Freiler se ha convertido en una enorme mancha no sólo para la Justicia, sino también para el Consejo de la Magistratura.